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Justicia en manos del verdugo

Justicia en manos del verdugo
En Cuba no hay manera de defenderse de las instituciones oficiales
viernes, septiembre 11, 2015 | Alberto Méndez Castelló

LAS TUNAS, Cuba – Respondiendo una denuncia de la ciudadana Yadira
Socarras, del municipio Amancio, provincia Las Tunas, hace poco el
periódico Juventud Rebelde (JR) preguntaba: “¿ y parte?

La denunciante interpelaba a la dirección de acueducto y alcantarillado
de su municipio por permanecer 20 días sin . Ante las
irregularidades cometidas por los funcionarios, JR se preguntaba: “¿Cómo
es posible que los propios responsables de Acueducto en Amancio
integraran la comisión (investigadora)? ¿Hasta cuándo respuestas al paso?”

Interrogantes como las de JR se hacen todos los días cientos de cubanos,
cuando ante sus denuncias, reciben “respuestas al paso”, y no
precisamente a cargos formulados ante funcionarios municipales, sino
interpuestos ante el mismísimo Consejo de Estado de la República de Cuba.

Al respecto el artículo 63 de la Constitución expresa: “Todo ciudadano
tiene derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a
recibir la atención o respuestas pertinentes y en plazo adecuado
conforme a la ley.”

Pero este enunciado constitucional es de escasa utilidad cuando las
instancias gubernativas superiores de la nación, al recibir “quejas y
peticiones” de los cubanos, en lugar de resolverlas de forma
independiente, las encomiendan a los propios implicados para que den
respuesta a los denunciantes.

¿Cómo murió mi hijo Harold?

“¿Dónde usted se va a meter si mi hijo se muere?”, preguntó Rosario
Parra, madre del recluso gravemente enfermo Harold Brito Parra, al jefe
de la prisión provincial de Las Tunas el viernes 10 de febrero de 2011.

“En ningún lugar, señora, porque voy a ordenar que lo lleven para el
ahora mismo”, había dicho el director del penal.

Pero el “ahora mismo” se prolongó hasta la madrugada del sábado, cuando
pasada la una de la tarde Harold murió. Interpuesta una queja en el
Consejo de Estado, serían oficiales de la jefatura del ministerio del
Interior en Las Tunas quienes vendrían a “dar respuesta” a la madre del
recluso fallecido. “Les dije que se fueran”, diría a este corresponsal
Rosario, quien todavía hoy ignora las circunstancias en que murió su hijo.

En Cuba, los Volkswagen no son para los albañiles

De manos encallecidas por el martillo, la madera y el cemento, de muy
joven Carlos Martell siguió los pasos de Falco, su padre, a quien se
deben cientos de los techos de hormigón armado de las casas de Puerto Padre.

Temprano ya Carlos a fuerza de trabajo propio se había comprado un VW,
cuando en aplicación de la ley contra el enriquecimiento ilícito
(“macetas”), el viejo Falco Martell, su padre, fue arrestado, procesado,
juzgado y sancionado allá por los años 90.

El viejo Falco fue a la cárcel y sus herramientas, útiles de trabajo y
propiedades confiscadas. El día del registro ya se marchaban los
policías con palas, cubos, cucharas y llanas, las herramientas del
albañil, cuando se apareció el jefe policial: “El VW también”, dijo, y
los policías ocuparon el automóvil, que ni estaba a nombre de Falco ni
lo había conducido nunca.

Reclamando la devolución de un automóvil no sólo inscripto en el
registro de vehículos a su nombre luego del traspaso de propietario
conforme a la ley, sino cuya propiedad real era pública y notoria por
ser él la única persona que lo conducía, para la devolución de su VW
Carlos Martell dirigió “quejas y peticiones” a , Raúl
Castro, Juan Almeida, Carlos Lage y a cuanto dirigente entendió que
entre sus facultades muy bien podía estar la de dar cauce a la justicia.

“Todos me respondieron lo mismo”, dijo Carlos a este corresponsal,
refiriéndose a la remisión de su caso a las autoridades de Las Tunas,
las mismas que habían sancionado la confiscación de su automóvil. Y
ahora Carlos va en bicicleta aunque trabajó para ir en VW.

Ni los campos de tiro están seguros

Pero la remisión de las denuncias por parte de autoridades superiores a
las partes acusadas para que den “respuesta” a quienes los acusan no se
limitan a las personas naturales. Las personas jurídicas también son
entregadas a sus verdugos. Tal es el caso de la Federación Cubana de
Caza Deportiva (FCCD) del municipio de Puerto Padre.

A tono con los nuevos tiempos, los cazadores de Puerto Padre optaron por
disparar menos sobre los animales y, para simular el tiro a las aves en
vuelo, se construyeron un campo de tiro a discos voladores impulsados
con una máquina de aire comprimido. La administración de dicho campo la
asumió la dirección de Deportes del municipio, y “sólo cuando los
recursos con que contaba la instalación fueron saqueados, desviados,
robados, apropiados, quedando despojada de todo, fue que el en ese
entonces director Carlos Peña, nos dijo que le diéramos uso y cuidáramos
el Club, que eso era nuestro, cuando ya no nos habían dejado ni una
silla en la cual sentarnos”, escribieron al general Raúl Castro el 23 de
agosto de 2013 los siete integrantes de la directiva de la FCCD en
Puerto Padre.

Frustrados con la actuación de las autoridades locales, en la propia
fecha los de la FCCD escribían a Raúl Castro: “Le escribimos porque nos
duele ver hechos como este sin que a nadie le preocupe y modestamente,
nos gustaría un día entrevistarnos con usted para que conozca de primera
mano la verdad de Puerto Padre, pues por las vías que usted conoce, no
la conocerá nunca,”

Pero el General actuaría como en tantas otras ocasiones, y serían los
mismos que en primera instancia conocieran del pillaje, los encargados
ahora de responder, y nada menos, que por encargo del Consejo de Estado,
lo que haría a la FCCD en Puerto Padre dirigirse a Raúl Castro por
segunda ocasión diciéndole: “nuevamente nos dirigimos a usted, esta vez,
para mostrarle nuestra inconformidad con la respuesta dada por la
Dirección Provincial de Deportes de Las Tunas a la queja formulada ante
el Consejo de Estado por la destrucción de nuestro campo de tiro”.

“Compañero General de Ejército, cuando una persona o una institución,
como es nuestro caso, se dirige al Consejo de Estado, es porque en la
base político-administrativa del municipio y de la provincia, se han
agotado todos los recursos sin conseguir una respuesta medianamente
decorosa”, añadían los cazadores devenidos entusiastas del tiro al disco.

Alguien que se desempeñara por más de 35 años como juez lego, Walter
Silva Rodríguez, de la FCCD en Puerto Padre, refiriéndose al
vandalismo cometido contra propiedades de esa institución escribió al
general Raúl Castro: “nunca vi la equidad, la honradez y la moral tan
desamparadas como en este caso, donde se ha otorgado a los victimarios
el papel de juzgar a las víctimas”.

Volviendo al principio de esta saga de quejas sin respuesta, Yadira
Socarrás pregunta a JR, “¿Juez y parte?” Todo es resultado de poner a la
justicia en manos del verdugo.

Source: Justicia en manos del verdugo | Cubanet –
https://www.cubanet.org/actualidad-destacados/justicia-en-manos-del-verdugo/

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