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Compañías de EEUU ponen a prueba límites del embargo a Cuba

Compañías de EEUU ponen a prueba límites del a Cuba

Críticos cuestionan la legalidad de algunos acuerdos firmados con Cuba
Las propiedades confiscadas por el gobierno cubano están en el centro
del debate
El embargo, los obstáculos de la parte cubana y la incertidumbre en un
año electoral frenan a bancos y compañías
NORA GÁMEZ TORRES

Los estadounidenses que viajen a Cuba podrán usar una tarjeta de crédito
Mastercard expedida por el banco de la Florida, Stonegate, según anunció
la compañía este mes. Pero, ¿qué pasa si el viajero la usa en un
ahora administrado por una empresa controlada por los militares cubanos
o una propiedad que fue confiscada a una compañía estadounidense por el
gobierno cubano?

Por el momento, no pasará nada. Desde enero del 2015, la Administración
permitió el uso de tarjetas de crédito y débito en Cuba por los viajeros
autorizados. También otorgó una licencia a la compañía hotelera Starwood
para administrar dos hoteles en la isla e invertir en su remodelación,
un anuncio que llegó el día antes de que el Barack Obama
pusiera un pie en La Habana, el 20 de marzo. Uno de estos hoteles, el
Quinta Avenida Habana, ubicado en Miramar, es propiedad del Grupo de
Gaviota, una empresa de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
(FAR) líder en el mercado turístico cubano, con más de 20,000
habitaciones bajo su control.

Los detalles del acuerdo de Starwood no se han hecho públicos y la
compañía no contestó a una petición de comentario para esta historia.
Tampoco lo hizo Stonegate Bank.

Voces críticas de la nueva política hacia Cuba, no obstante, creen que
ambos acuerdos estarían violando aspectos del embargo o serían
inconsistentes con la política trazada por la propia Administración para
“empoderar al pueblo cubano”.

Según el ex congresista Lincoln Díaz-Balart, la Administración estaría
permitiendo el uso de tarjetas de crédito amparándose en que estarían
empleadas por viajeros autorizados, pero en su opinión, estaría violando
la ley al permitir la extensión de financiamiento (préstamo o crédito)
para transacciones en las que se podrían ver involucradas propiedades
confiscadas a personas o compañías estadounidenses, un aspecto prohibido
en el artículo 103 del título 1 de la ley Helms-Burton (The Cuban
Liberty and Democratic Solidarity Act) de 1996.

La Administración, infirió Díaz-Balart, “trata de justificar acciones
legales apuntando a parte de la ley, pero están violando otras. Cuando
se está hablando de ofrecer financiamiento y propiedades robadas, yo
creo que está violando la ley”, afirmó.

Según, Mauricio Claver-Carone, director del US-Cuba Democracy PAC, “la
prohibición expresada en el artículo 103, no tiene excepciones, por el
lenguaje en que está redactado”. El activista dijo que la Administración
ha ido “estirando” las regulaciones del embargo para introducir nuevas
“excepciones” basadas en aquellas que ya estaban asentadas en la ley
pero que, a su juicio, son “inconsistentes” con otros puntos en la
legislación vigente.

Claver-Carone, quien sigue de cerca la política cubana desde su
CapitolHillCubans, opinó que la licencia otorgada a Starwood sería
“inconsistente” con la política de “empoderamiento del pueblo cubano”,
pues los beneficios no irían al pequeño sector privado sino a una
empresa militar. En el caso de Stonegate, consideró que el Departamento
del Tesoro debía pedir a Stonegate Bank poner en funcionamiento un
sistema para certificar que las transacciones realizadas con sus
tarjetas de crédito no involucren propiedades confiscadas.

Por su parte, el Departamento del Tesoro dejó claro en una declaración
obtenida por el Nuevo Herald que la Oficina de Control de Activos
Extranjeros, encargada de supervisar el programa de sanciones contra
Cuba “no considera el uso el uso de tarjetas de crédito por los viajeros
autorizados en Cuba para adquirir bienes y servicios como transacciones
sujetas a la prohibición establecida en el artículo 103”.

Pedro Freyre, abogado de Ackerman Senterfitt que asesora a compañías con
interés en negociar con Cuba, cree que la intepretación de la ley que
hace la actual Administración “es la correcta”.

“Estimo que la interpretación de la sección 103 de esa manera, es un
poco amplia porque creo que la intención del Congreso no era limitar las
transacciones de tarjetas de crédito para viajes autorizados”, opinó.
“Si vas a la misma ley [Helms-Burton], en la definición de tráfico [con
propiedades confiscadas], hay una excepción específica para las
transacciones relacionadas con los viajes. Eso indica cuál era la
intención del Congreso cuando aprobó la ley”.

Si bien la ley sí incluye esa excepción, Díaz-Balart, uno de sus
impulsores, alega que “la intención legislativa del Congreso fue
asegurarse que las inversiones en la isla y el financiamiento al régimen
de Castro fuera . Hasta que se cambie la ley, no se puede actuar
como si la ley hubiera cambiado” y “la ley no se ha cambiado, no se ha
eliminado el embargo”, insistió.

Estudios legales, alineados con ambos lados del debate político sobre
Cuba, llegan a conclusiones distintas, pero ambos indican que la sección
103 tendría precedencia. La firma Steptoe & Johnson LLP concluyó en
enero del año pasado que las nuevas reglas para permitir importaciones
cubanas, incluidas el alcohol y el , así como el uso de tarjetas
de crédito y débito en la isla “eran inconsistentes con las
prohibiciones en la ley de EEUU relacionadas al financiamiento indirecto
de propiedad confiscada en Cuba”.

Por su parte, un estudio comisionado por el Cuba Study Group a la firma
Hogan Lovells en el 2011 sobre la amplitud de los poderes ejecutivos con
respecto a Cuba concluyó que el Presidente podría podría permitir a los
bancos de EEUU ofrecer financiamiento a transacciones incidentales a
servicios o exportaciones autorizadas a Cuba pero “cualquier
autorización, sin embargo, estaría sujeta a las prohibiciones en la
sección 103 de la ley Helms-Burton”.

El embargo, la burocracia cubana y la incertidumbre en año electoral
frenan a compañías

Por el momento, la Administración está ganando el debate sobre qué
interpretación de la ley predomina. Una decisión contraria tendría que
ser tomada en una corte, y para llegar a ese punto, quienes se oponen a
la nueva política reconocen que el camino es largo y arduo. “La
administración sabe que está en su último año… Cuando hay un ejecutivo
que está dispuesto a violar la ley o casi violarla, toma tiempo y
recursos” cuestionarlo a través del sistema judicial, lamentó Díaz-Balart.

El fantasma de las demandas que podrían pender sobre las compañías
estadounidenses que supuestamente “trafiquen” con propiedades
confiscadas está por el momento bajo control, pues el título 3 de la ley
Helms Burton, que conferiría ese derecho a los dueños con reclamaciones
de ese tipo, ha sido suspendido por cada presidente desde la entrada en
vigor de la ley.

Pero aunque las perspectivas de un cuestionamiento legal en las cortes
parece poco probable y la Administración ha hecho esfuerzos por
clarificar las regulaciones, convencer a compañías y bancos de hacer
negocios en Cuba y de ese modo, consolidar su nueva política, el
complejo entramado legal tejido alrededor del embargo aún en pie,
pudiera ser suficiente para detener a los empresarios que prefieren no
tomar grandes riesgos.

“Si te fijas en el hecho de que sólo hay un banco que está involucrado
actualmente con Cuba, creo que eso te da una idea de que otros bancos no
están siguiendo esa línea en este momento porque el embargo todavía
están en efecto. Es muy complicado para un banco, asegurarse de que se
está cumpliendo con las regulaciones del embargo”, comentó al Nuevo
Herald David Schwartz, CEO de la Florida International Bankers
Association (FIBA).

Schwartz subrayó que la Administración no puede ofrecer “garantías” de
que los bancos no van a ser responsables si una transacción resulta al
final ser ilegal. “Si la persona que usa la tarjeta de crédito no la
emplea para una transacción que está autorizada eso va a ocurrir a
través del banco y este corre el riesgo de ser hallado responsable por
la transacción. Por eso, los bancos tienen dudas de realizar actividades
con Cuba actualmente”, argumentó.

A medida que aumenten las relaciones comerciales con la isla, los
debates y cuestionamientos sobre la legalidad de ciertas transacciones
se harán más comunes, sobre todo, si el espinoso tema de las
reclamaciones por propiedades confiscadas (definidas de modo amplio para
incluir también la propiedad intelectual) no se resuelve antes.

La batalla que enfrenta a la compañía Bacardí y a la cubana Cubaexport
por los derechos sobre la marca de ron Havana Club es un ejemplo.
Bacardí insiste en que es la legítima dueña de la marca en EEUU y acusa
al gobierno de Cuba de actuar de manera “fraudulenta” para obtener el
registro de esa misma marca, al ocultar que estaba relacionada con las
propiedades confiscadas a José Arrechabala S.A. en 1960, su dueño original.

Por otro lado, quedan los obstáculos que impone también Cuba, y que
muchas veces dejan prácticamente sin efecto algunas de las nuevas
medidas tomadas por la Administración de Obama.

El mismo anuncio de Stonegate se vio eclipsado por la aclaración del
Banco Central de Cuba de que “todavía no está activo en la Isla el
servicio de tarjetas de crédito emitidas por el banco Stonegate debido a
que son necesarios ajustes financieros y legales entre Cuba y Estados
Unidos en un proceso que no ha concluido”, según reportó el portal
Cubadebate.

Algo similar pasó con el anuncio de la venta de café cubano en Estados
Unidos por Nespresso, del grupo Nestlé. En abril, el Departamento de
Estado agregó el café a la lista de importaciones autorizadas producidas
por emprendedores privados en Cuba. Aunque Nespresso declaró que
colaborará con la organización sin fines de lucro TechnoServe para
trabajar con los pequeños productores de la isla, por el momento su
primera producción de la edición limitada “Cafecito de Cuba” proviene de
café comprado en Europa a través de una compañía exportadora estatal cubana.

En una declaración el 5 de mayo, la Asociación Nacional de Agricultores
Pequeños, controlada por el Estado cubano, dejó en claro que un
mecanismo de exportación directa de café a no es
previsible en el futuro cercano. “Nadie puede pensar que un pequeño
productor agrícola puede exportar directamente a los Estados Unidos.
Para que esto sea posible tienen que participar empresas cubanas de
comercio exterior y tienen que producirse transacciones financieras en
dólares, que hasta ahora no se han podido concretar”, indica el comunicado.

Queda, además, en suspenso la pregunta sobre qué pasará en el futuro.

Varios expertos coinciden en que ninguno de los presuntos candidatos de
ambos partidos le otorgará a la política hacia Cuba la misma prioridad
que el actual ejecutivo. Mientras tanto, en la Cámara y el Senado
esperan por aprobación varias propuestas sobre Cuba, unas para
fortalecer las sanciones actuales y otras para relajar el embargo.
Varias medidas en el proyecto de presupuesto de servicios financieros y
gastos generales del gobierno intentan apretar las tuercas a las
sanciones y prohibir tanto el “tráfico” con propiedades confiscadas como
los negocios con compañías controladas por los militares cubanos, algo
que estaría bien visto por el presidente de la Cámara de Representantes
Paul Ryan, quien favorece prohibir las transacciones con entidades
militares cubanas.

“También existe el riesgo de que ahora mismo existe un relajamiento de
las sanciones pero estamos en un año de elecciones. ¿Qué pasaría si la
próxima administración no continúa este mismo camino de relajamiento de
las sanciones? Entonces, ¿que le pasaría a los bancos? El tema sigue
siendo el embargo”, concluyó Schwartz.

Nora Gámez Torres:@ngameztorres

Source: Compañías de EEUU ponen a prueba límites del embargo a Cuba | El
Nuevo Herald –
www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/cuba-es/article85988397.html

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